Expulsar la socialdemocracia

Para algunos analistas, la Historia ha verificado que las diversas crisis económicas que ha sufrido la civilización occidental sólo se han resuelto a través de una guerra o una revolución. Occidente, desde el Renacimiento hasta hoy, se construyó a partir de un concepto que la Iglesia católica, hasta entonces, había proscrito: el crédito. Hasta entonces, quienes concedían crédito a los ciudadanos, básicamente judíos, eran considerados usureros. Es a partir del Renacimiento cuando el crédito y su reverso, la deuda, anunciaban la posibilidad de un porvenir y, por lo tanto, un futuro. Las diferentes revoluciones y guerras que ha vivido Occidente han acelerado ese porvenir hasta tal punto que planificar nuestra vida para los próximos dos años carece de cualquier crédito. Y sin embargo, necesitamos créditos para salvar otros tantos que debemos. El dinero es más rápido que la vida y esto hace que todo sea impredecible. Acumulamos tantas deudas, que de nada sirven las promesas.

En este contexto, no es una guerra ni una revolución, sino una reforma constitucional propiciada por el PSOE y el PP, la que busca ganarse el crédito de los mercados que amenazan cada día con arrojar nuestro sistema financiero al agujero de la ruina. En cambio, esta reforma nos acerca cada vez más al modelo chino, ese que hemos venido llamando capitalismo autoritario, por dos motivos. El primero, porque la reforma se hace a espaldas de la ciudadanía. El segundo, porque introduce un principio capitalista en la norma fundacional de 1978 que impide cualquier tipo de política keinesiana en el futuro.

Los portavoces de uno y otro partido han tratado de explicar la celeridad de esta reforma desde la urgencia económica, cuando la ciudadanía sólo reconoce el chantaje cometido por los mercados internacionales. Sin embargo, de la medida aprobada en su fase final por el Senado esta semana se desprenden varias consecuencias: la negación de la política y la exclusión de la socialdemocracia -realmente- existente del sistema político español. La limitación del déficit en la Constitución se ha tratado de explicar desde la economía como una medida técnica que trata de generar confianza en los mercados. El Gobierno de la nación ha vaciado el nuevo artículo 135 de todo contenido político y lo ha defendido como la mejor acción política para proteger a nuestro país de una intervención económica.

La sorpresa veraniega de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido una sorpresa radical, pues radical es su abandono de la socialdemocracia. El presidente del Gobierno podría haber escrito en el frontispicio de este artículo el famoso lema de Deng Xiao Ping de los años sesenta, según el cual «poco importa si el gato es blanco o rojo, con tal de que cace ratones». Sin consultar a nadie, el presidente del Gobierno ha instaurado en su partido el Nuevo Laborismo de Toni Blair. Desde entonces, al igual que el Partido Popular, los dirigentes socialistas no se cansan de explicar la pertinencia de la reforma y la necesidad de prescindir de los prejuicios ideológicos, vengan de donde vengan, con tal de evitar que el bono español alcance los 400 puntos que lo abocarían a una intervención similar a la de Grecia o Portugal. Sólo las ideas que funcionan son las buenas y esta, según parece, debe funcionar.

Aquellos dirigentes del socialismo español que aún conservan cierta conciencia social se atreven a predecir que la reforma no afectará al gasto público en educación, sanidad y servicios sociales, pero lo hacen desde una constelación buenista y en el marco de un sistema que los excluye, pues será el déficit y no su conciencia o la necesidad el que decidirá cuándo se gasta demasiado en estas políticas.

Decimos que esta medida supone la negación de la política, porque el verdadero acto político no se circunscribe a cualquier medida que funciona en el contexto de la situación económica existente, sino aquella que transforma la realidad económica para que las cosas funcionen. La verdadera política es aquella que modifica los parámetros de lo que es posible.

Para muchos votantes de izquierda y, sobre todo, del PSOE, la reforma ha significado una violación de los valores de la socialdemocracia. Habían aceptado una ideología que garantizaba un modelo económico basado en un pacto entre el capital y las fuerzas del trabajo y hoy entienden que ese pacto ha sido traicionado. Realmente, más que una traición, lo que se ha producido este verano es una expulsión. La socialdemocracia está fuera del juego político, ha sido excluida del sistema o, lo que es lo mismo, de la Constitución, a través del nuevo artículo 135 y eso puede entenderse como una traición, como una expulsión o también, por qué no, como una liberación. Desde hace unas semanas, los socialistas tenemos más argumentos para estar más cerca de los movimientos asamblearios nacidos el 15 de marzo que de las instituciones que representan la soberanía de los españoles. La socialdemocracia, como ideología, ha perdido rango legal, pero quizá ha conseguido un buen motivo para abrazarse de nuevo al porvenir, que siempre estuvo en la calle y su ciudadanía.