Espaldarazo judicial

La Sección Octava de la Audiencia Provincial del Tribunal Superior de Asturias ha dado un fuerte espaldarazo a la instrucción seguida por López Pandiella al considerar que existen indicios suficientes para considerar que José Luis Iglesias Riopedre debe ser imputado en la llamada «operación Marea». Al ex consejero de Educación y Ciencia se le acusa de siete delitos contra la Administración pública. Las palabras escritas en el auto son determinantes: «Constan motivos bastantes para considerarle criminalmente responsable de dichos delitos en consideración al resultado de las investigaciones llevadas a cabo en el curso de esta instrucción». Las intervenciones telefónicas y la documentación requisada constituyen suficientes medios probatorios para poder hablar con rigor de indicios que justifiquen la instrucción. No obstante, la Audiencia ha decretado la libertad bajo fianza de 100.000 euros de Riopedre en atención a su estado de salud y a la disminución del riesgo existente en la manipulación o destrucción de las pruebas incriminatorias.

Ayer nos desayunábamos con otras declaraciones de la fiscalía, mientras se discutía la excarcelación de Riopedre: «El supuesto mal estado de salud de este señor no le impidió estar trabajando hasta que el verano pasado dimitió de su cargo; sus padecimientos los tiene desde hace muchos años, no son nuevos, y siguió desempeñando su trabajo hasta que decidió dimitir. Cuando se levante el secreto de sumario, sabremos algo más del porqué». Cuentan que poco tiempo después, las palabras de María Luisa García, fiscal encargada de la instrucción, fueron considerablemente rebajadas, pues colocaban la pelota de esta trama de corrupción sobre el tejado de Vicente Álvarez Areces. Sin embargo, quedó grabado aquel «porqué» y así constará en adelante como una dura insidia.

Probablemente, el auto de libertad bajo fianza es una forma de equilibrar la balanza entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Habrá quien diga que este último aprovechó una buena oportunidad para lavarse la cara. En cualquier caso, a Riopedre se le ofrece una oportunidad para salir de la cárcel al tiempo que una instancia superior confirma la instrucción de López Pandiella. Pero independientemente de la interpretación que se haga, el auto es una buena noticia, pues tiene un valor político imprescindible para poder mantener la confianza en las instituciones. El auto de la Sección Octava de la Audiencia Provincial salvaguarda la actuación del poder judicial, al entrar en el contenido de la instrucción y considerar que existen indicios suficientes para imputar a los tres cargos públicos en la «operación Marea». Debemos recordar que hasta ayer, la presunción de inocencia y la presunción de legalidad en la justicia asturiana colisionaban en la opinión pública de los asturianos, creando un estado de incertidumbre político insólito en treinta años de democracia. Hasta ayer, no sólo estaba en entredicho la legalidad de tres responsables públicos, también se enjuiciaba la imparcialidad y transparencia de un sistema judicial encarnado en una juez que, hasta hace poco tiempo, ocupaba un asiento en los Juzgados de familia. Se dijo de ella que era inexperta, que actuaba impulsada por instintos que transcendían más allá del cumplimiento de la legalidad, que se regía desde la parcialidad política. En definitiva, trató de desautorizarse su instrucción, dando la espalda a la investigación que la Policía Nacional había llevado a cabo durante más de un año y medio. En pocas horas, la violencia y el menosprecio se desataron en la boca de muchos, fruto de la desconfianza y el partidismo que, como ya dijimos aquí, se extiende como la peste en cuanto se demuestra que está justificada. También se habló de deslealtades, de cuchilladas, pero nada se dijo sobre la trama o, sencillamente, se redujo artificialmente su importancia, convirtiéndola en la simple y obscena corruptela de una funcionaria. Sólo Javier Fernández ha manifestado públicamente la necesidad del esclarecimiento, caiga quien caiga. Lo dijo hace un mes y lo volvió a repetir hace unos días.

A pesar de todo, la gran mayoría de los ciudadanos sólo esperamos que el caso se resuelva lo antes posible, pues entendemos que el valor de la política está en juego desde que Iglesias Riopedre ingresó en la cárcel. A partir de ahora, habrá que enfriar las emociones y estar más atento al procedimiento que se sigue contra el ex consejero, María Jesús Otero y Marta Renedo, incluso, mordiéndose la lengua si es preciso. De nada sirven los arrebatos sentimentales, pues la política es algo más que una emoción, aunque esté impregnada de muchas o no se pueda entender sin ellas. Aunque el auto supone un afianzamiento de la instrucción, no creo que haya un solo asturiano que no desee el levantamiento del secreto de sumario, el único auto que verdaderamente podrá poner orden y concierto en el poder ejecutivo y judicial que, a lo largo de un mes, han vivido sometidos a la peor de las sospechas.

Tan esencial como imposible será para los asturianos que este asunto se resuelva antes de las elecciones. Quiere decirse que las próximas votaciones estarán enturbiadas con este asunto, con Riopedre o sin él en la cárcel.

Coda: Tiempo. Ésa es la clave. Para algunos, comienza a jugar a favor. A partir del próximo 5 de marzo, Francisco Álvarez-Cascos será proclamado candidato al Gobierno del Principado por su partido. Los que le conocen saben que será una auténtica ametralladora política. El tiempo, como digo, corre a su favor. Para la gran mayoría, en contra.